Procede, en primer lugar, felicitarles el año porque siempre viene cargado de buenos y nuevos propósitos por parte de todos.

Es éste un momento estupendo para retomar buenas actitudes y recuperar aquella vieja idea o proyecto que siempre tuvimos en mente pero que, por unos u otros motivos, nunca llegamos a realizar.

Abusando del privilegio que me otorga esta tribuna mensual, les contaré que mi anhelado proyecto es persuadir a quien corresponda de que merece la pena emplear tiempo en devolver a los vecinos de Pozuelo lo que siendo suyo les ha sido usurpado. Y es que existe en este pueblo que presume de contar con un elevado índice de formación la extraña práctica de agrandar el jardín tomando para ello varios metros de terreno público.

No son ni diez ni veinte los vecinos que han decidido que el bien común comienza por ayudarse uno a sí mismo y, ni cortos ni perezosos, han agrandado su terreno con la sencilla técnica de vallarlo para su aprovechamiento familiar. La pasividad de quienes en tantas ocasiones desempañaban la tarea de vigilancia y la de quienes les han sucedido ha permitido que esos vecinos que expropiaron al municipio crean que ese terreno ya es suyo.

Son las mismas personas que se indignan cuando leen sobre la existencia del movimiento okupa. Ese grupo de personas que defienden la idea de que las propiedades inmobiliarias que nadie utiliza pueden ser usurpadas por la fuerza y utilizadas para el bien común.

Y se indignan porque no se identifican con ellos. Creen esos residentes cuyo jardín ha crecido a costa de los demás que la ocupación de terrenos públicos no es comparable a la invasión de una propiedad privada. Pero no reparan en que el terreno público también tiene propietarios. En este caso concreto, todos los vecinos de Pozuelo somos los dueños de parques, isletas, aceras, barrizales olvidados y demás metros cuadrados inscritos en el registro de la propiedad a nombre del Ayuntamiento de Pozuelo. Cuando esos señores ocupan unos metros de terrenos públicos nos los están quitando a todos los demás. Así de sencillo.

Y quien o quienes, teniendo atribuidas las competencias para prestar vigilancia a estos y otros comportamientos contrarios a la normativa, no hacen nada por evitar que siga sucediendo obran de forma análoga al policía que conociendo la existencia de un robo y la identidad de su autor prefiere mirar a otra parte. Es más cómodo fingir que se ignoran los malos comportamientos, pero al policía le pagamos para que evite que eso suceda y para que, cuando ha sucedido, aplique la ley y ponga a los delincuentes a disposición de los jueces. Les exigimos, como a todos nosotros, sencillamente, que cumplan con su obligación.